Temas

Reparto

Ley Rider (o Ley de información sobre el algoritmo)

By | Blog, Cambio tecnológico

Apunta muy acertadamente el profesor Pérez del Prado, en una recentísima entrada en el más que recomendable Blog El Foro de Labos, el alboroto suscitado alrededor de la aprobación de la llamada Ley Rider (véase aquí). En ella, además, están anotadas las opiniones de parte de la doctrina iuslaboralista más autorizada (Cruz, Rojo, Baylos, Todolí, Nieto).

Alboroto que, a mi juicio, parece haberse centrado casi en exclusiva en celebrar (y, en menor medida, en criticar) la regulación consensuada con Patronal y Sindicatos sobre la presunción de laboralidad de un concreto colectivo de personas trabajadoras en plataformas: los riders. Así, la norma establece que “se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.”

Lo cierto, sin embargo, bajo mi punto de vista (siempre abierto al debate), compartido con otros autores (como se puede apreciar en la anunciada entrada de Pérez del Prado), es que lo que menos impresión me causa de esta norma del ejecutivo es, precisamente, esta presunción de laboralidad hacia los riders. Norma sobre cuya redacción, aun con riesgo de parecer redundante, cabe hacer una precisión: excluye al resto de colectivos en análogas situaciones que no se dediquen al reparto o distribución, como puedan ser, por ejemplo, servicios a domicilio o de transporte de personas, más concretamente, los conductores de Uber o Cabify (salvo que entendemos que por mercancías también se hace alusión al colectivo bípedo).

Presunción de laboralidad centrada, por tanto, en este colectivo de reparto que, como es sabido, ya contaba con la conformidad de nuestro Tribunal Supremo, dada en sentencia de septiembre de 2020 (como bien apunta, además, el preámbulo de la propia norma cuando sostiene que “A través de una nueva disposición adicional vigesimotercera, y por acuerdo adoptado en la mesa del diálogo social, se traslada a la ley la jurisprudencia sobre esta materia, con el objetivo de que el Estatuto de los Trabajadores refleje estas nuevas realidades de forma clara”) y de las múltiples resoluciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (como también pone de manifiesto el propio preámbulo cuando recuerda: “La labor esencial realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra en el origen de buena parte de las sentencias que han resuelto a favor o en contra de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto y que han culminado con la STS 805/2020, de 25 de septiembre”). Si hay algo inexplicablemente atractivo en la norma desde el punto de vista jurídico laboral (y que está siendo alabado en masa por la doctrina) debe ser el consentimiento (¿realmente tan necesario?) otorgado por la patronal, a través de la ratificación del acuerdo alcanzado el 10 de marzo de 2021, acerca de esta realidad. Realidad, por otro lado, vigorosamente puesta de manifiesto, repito, previamente tanto por la Inspección de Trabajo como por el Tribunal Supremo.

Más bien entiendo que la novedad introducida de mayor calado– y lo que realmente debiera dar nombre a la Ley (RD-ley)- es la modificación del artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores, cuya nueva redacción impone la obligación de informar al comité de empresa “de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”. Esta modificación, me parece, es la verdadera protagonista de la norma.

La redacción del propio texto invita a pensar que la obligación de informar al comité de empresa no discrimina por colectivos y que, por ello, alcanza a todas las empresas cuya gestión de personal pivote sobre los algoritmos. Es por ello por lo que me parece intuir que la publicidad que se le está dando a este nuevo RD-ley falla en el tiro, apunta hacia una novedad no tan novedosa y relega a un segundo plano a otra, que sí es novedosa y que se sitúa incluso en un prisma superior respecto de las anteriores. Por dos razones: por lo relevante de la materia y por el alcance de la medida. Y es que el volumen de empresas que deberán pasar por esta nueva obligación es considerable y comprende un núcleo cuantitativo mucho mayor que el de las dedicadas exclusivamente al reparto de comida (o mercancías) y que supondrá, eminentemente, una mejora en las condiciones de las personas trabajadoras.

Ahora bien, de la puesta en práctica de la norma se pueden desprender también escenarios no tan positivos. Por ejemplo, el efecto de la norma se diluye si la empresa no cuenta con plantilla suficiente como para gozar de representación legal de los trabajadores (RLT) o, aun teniéndola, no se los haya designado. Otro escenario negativo recae sobre el resto de los colectivos que prestan sus servicios en plataformas gestionadas por un algoritmo y que no se hayan calificado formalmente como personas trabajadoras, ni gocen de presunción de laboralidad de ningún tipo, ni las empresas los consideren como tal. En este caso, esta nueva previsión no les será de aplicación, como es obvio: si no son personas trabajadoras no se les aplica el ET, ni pueden gozar de la representación de un comité de empresa que pueda ser informado. Vemos ilustrativamente como, en algunos escenarios, estamos ante “la pescadilla que se muerde la cola”. Es por ello por lo que, el profesor Pérez del Prado invita a llevar a término “Una regulación general y omnicomprensiva del trabajo en plataformas [que] resulta a todas luces necesaria”.

Y, ello, nos lleva a la siguiente reflexión sobre este precedente articulado mediante RD-ley: ¿van a necesitar las venideras resoluciones del Tribunal Supremo -y que reconozcan la laboralidad de otros colectivos homólogos- la aprobación posterior del correspondiente RD-ley (con el visto bueno de la patronal) para que se acate el fallo? Precisiones, todas, como no puede ser de otra manera, susceptibles de debatirse abiertamente.

Concluyo sumándome a los interrogantes expuestos y proponiendo, en un foro como este, dedicado al debate y a la reflexión, otros, ya que, este RD-ley “de información sobre el algoritmo”, deja en el aire cuestiones que han de ser resueltas en un plazo brevísimo de tiempo, como son: cómo se va a llevar cabo la información y consulta por parte del comité de empresa; qué formación deben tener los miembros del comité de empresa para poder ser un contrapeso eficaz en esta materia; o qué sucederá con las empresas sin comité de empresa.

Entrada publicada originalmente en el Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Jornada sobre el trabajo en las plataformas digitales de reparto

By | Cambio tecnológico, Jornadas

El pasado día 27 de noviembre tuvimos la oportunidad de abrir un debate en torno al trabajo en las plataformas digitales de reparto.

Como pudimos constatar, la digitalización de la economía ha irrumpido en el mundo de las relaciones laborales. Así, la aparición de nuevos modelos de negocio que giran en torno a una plataforma digital y que se apoyan en la disponibilidad de un número muy alto de personas dispuestas a hacer micro-tareas a demanda del consumidor está dando lugar a una realidad de trabajo precario. Esta precariedad tiene importantes repercusiones sobre cada uno y cada una de estas trabajadoras y más allá, sobre la propia financiación del sistema de Seguridad Social –pilar del Estado de Bienestar-.

Frente a esta precariedad se está reaccionando de muy diversas maneras y con alcances igualmente variados. Desde la experiencia de autoorganización de los propios trabajadores a través de sus propias estructuras reivindicativas o de cooperativas de trabajo asociado para gestionar su actividad, hasta la reacción de organizaciones sindicales más tradicionales, como UGT. En efecto, en 2017 UGT activó la web Turespuestasindical y, a partir de la experiencia recorrida con esta plataforma, publicó en septiembre de 2019 el Informe “El trabajo en las plataformas digitales de reparto”.

Precisamente este documento sirvió de pretexto para que los ponentes de la mesa lanzaran sus reflexiones. Contamos en primer lugar con el Profesor Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo blog es un referente por su atenta mirada crítica a la realidad cambiante del mundo del trabajo. El Profesor Rojo lanzó una serie de cuestiones centrales en el debate –acerca de la vigencia del actual concepto jurídico laboral de trabajador; del sistema de indicios de laboralidad; del concepto de empleador, entre otras-. Por su parte, el segundo ponente, Rubén Ranz Martín, coordinador de la plataforma Turespuestasindical, aportó la experiencia recogida estos años con los testimonios de muchas de las personas trabajadoras para plataformas, trasladándonos aquellas condiciones que generan mayor preocupación por afectar a su salud e integridad física. Finalmente, José Domingo Roselló, economista en el gabinete técnico de UGT y coordinador del informe, complementó la mesa con la mirada económica sobre las repercusiones de la no regulación de esta forma de prestar servicios sobre el Sistema de Seguridad Social.

Las numerosas intervenciones de las y los estudiantes pusieron en evidencia el interés por las cuestiones planteadas. Todas ellas enriquecieron un debate al que necesariamente habrá que dar continuidad en las aulas y en nuevos actos de análisis y reflexión sobre esta realidad.